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Luego de que el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa denunciaran la pérdida de un poderoso arsenal del Ejército, la Justicia Penal Militar abrió una indagación preliminar para investigar el robo de las municiones.
La entidad, a la cabeza del abogado José Reyes Rodríguez Casas, confirmó el inicio del caso en La Guajira y confirmó que, por ahora, se está investigando si ocurrieron los delitos de hurto de armas y peculado culposo.
Según la denuncia de Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en las bases militares de La Guajira y Tolemaida no aparecen más de un millón de proyectiles y municiones, incluyendo un antitanque tipo Spike y de fabricación israelí.
La pérdida del armamento la reportó el gobierno, luego de realizar dos inspecciones a las bases militares, una a principios de febrero y otra en abril, en el marco de la política en contra de la corrupción que está desarrollando el gobierno.
Estas revisiones tenían como objetivo verificar el estado de varios explosivos, su correcto uso y finalmente contrastar que todas las armas inventariadas estuvieran en las instalaciones del Ejército.
Entre las cifras reportadas por el presidente está que, en Tolemaida, hacen falta casi 10 mil granadas de diferentes calibres y más de 800 mil municiones; y en La Guajira hacen falta 39 misiles, 550 cohetes, más de 13 mil granadas de diferentes calibres y otras 800 mil municiones.
Aunque no presentó ninguna evidencia, para el presidente Petro la pérdida del armamento demuestra la posible existencia de redes de tráfico de armas en las que estarían colaborando miembros de la Fuerza Pública junto con civiles.
Así mismo, el primer mandatario expuso que las armas legales del Estado posiblemente estarían terminando en manos de grupos armados ilegales al interior del país o vendidas en conflictos internacionales cercanos, como por ejemplo el que atraviesa Haití.
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